El sector financiero español se encuentra inmerso en una transformación significativa en materia de recuperación de deudas. La nueva Ley de Eficiencia Procesal, que ya ha comenzado a implementarse progresivamente y continuará su despliegue a lo largo de 2025, está cambiando radicalmente tanto los procedimientos como la estructura de los tribunales. Para analizar su impacto, la Comunidad YouSIREC reunió recientemente a tres expertos que ofrecieron su visión sobre esta reforma desde diferentes perspectivas.
«Estamos ante un proceso totalmente progresivo. La ley ha definido cómo debe llevarse a cabo, con un calendario que se extiende durante todo el año. Por eso es importante que desde la Comunidad hagamos una revisión continua de cómo avanza la implementación», señaló Esteve Ponsa de los Reyes, quien moderó el debate. Esta progresividad plantea importantes retos para el sector, que deberá adaptarse a un nuevo escenario en constante evolución.
Adolfo Gómez, Head of legal recovery & external agencies de Oney, destacó la importancia de la concentración en este nuevo modelo: «Es cierto que la concentración comercial que se producirá afectará significativamente a nuestras operaciones, especialmente en el ámbito del recobro. Debemos entender cómo estos cambios estructurales modificarán nuestra forma de trabajar en el día a día«. Su intervención puso de manifiesto las implicaciones prácticas que tendrá esta reforma para las entidades financieras.
Por su parte, Juan María Galán, SIREC Senior Business Development & Legal Consultant Lead de atmira, matizó: «Esta especialización tiene muy buenos pisos en papel, pero luego habrá que ver en qué acaba». Según explicó, la implementación del nuevo modelo judicial se realizará de forma progresiva a lo largo del próximo año, comenzando por las plazas judiciales menores, siguiendo con poblaciones más grandes y culminando con la especialización de juzgados clave como los mercantiles.
La reforma judicial responde a una necesidad imperiosa. España se ha consolidado como el tercer país con mayor tasa de litigiosidad entre 38 naciones europeas, una situación que no ha mejorado significativamente en los últimos años pese a intentos anteriores como la introducción de la mediación en 2012.
«Para el sector de recuperaciones es positivo», afirmó Galán, «porque se va a concentrar el conocimiento en la práctica en una serie de profesionales que van a estar formados en esa materia». Esta especialización supone una ventaja clara frente al escenario actual, donde muchos asuntos bancarios terminan en juzgados de primera instancia cuyos titulares carecen del conocimiento específico sobre términos bancarios, intereses o cálculos financieros complejos.
Sin embargo, el camino hacia esta modernización no está exento de obstáculos. Ponsa advirtió sobre la pérdida temporal de referencias que supondrá la reorganización: «Vamos a volver a un status quo inicial en el cual no vamos a saber cómo van a funcionar estos tribunales hasta que tengamos una cierta experiencia de 2 o 3 o 4 años, porque necesitará un rodaje».
Esta incertidumbre es particularmente relevante para el sector, que hasta ahora había desarrollado un conocimiento detallado sobre los tiempos y procedimientos de cada juzgado. Gómez añadió: «Desde la perspectiva del recobro, necesitamos prepararnos para un periodo de adaptación donde nuestras métricas y previsiones actuales deberán ser revisadas. Es fundamental desarrollar nuevos indicadores que nos ayuden a navegar en este nuevo escenario judicial«, reforzando la necesidad de que las entidades financieras se anticipen a los cambios.
Los expertos coincidieron en identificar dos grandes riesgos en el horizonte inmediato. Por un lado, existe la posibilidad de «un efecto cuello de botella porque no hay simplemente los juzgados necesarios, ni los medios necesarios, y si no se dota de esos medios se producirá un cierto colapso más del que hay actualmente», como señaló Galán. Por otro lado, Gómez destacó que «la transición digital representa otro desafío crucial. No solo se trata de cambios estructurales, sino de adaptación a nuevas herramientas tecnológicas que modificarán la forma en que interactuamos con el sistema judicial«.
Pese a estos desafíos, la reforma promete avances significativos. Según destacó Galán, los cambios buscan implementar «una mayor rapidez, una mayor seguridad jurídica y una protección mayor del crédito mercantil«. Entre las mejoras previstas se encuentran la introducción de audiencias tempranas en la orientación de los casos, resoluciones más técnicas y rápidas, y una ejecución reforzada con mayor trazabilidad.
Para prepararse adecuadamente ante este nuevo escenario, Ponsa recomendó a las entidades bancarias mantener un registro detallado del proceso de transición: «Deberíamos poder tener una visión de conversión de dónde venimos, cuáles son los juzgados que hemos tenido en esas plazas, cuál es la nueva planta judicial que tenemos y qué es lo que podemos prever«. A lo que Gómez añadió: «La planificación estratégica será clave. Aquellas entidades que mejor documenten esta transición y adapten sus procesos internos tendrán una ventaja competitiva significativa durante los próximos años«.
El encuentro, que abordó también otros aspectos de la ley como la digitalización de procedimientos, las subastas judiciales y las medidas cautelares, subraya la importancia de que el sector bancario se prepare concienzudamente para una transformación que, si bien promete mayor eficiencia a largo plazo, exigirá un periodo de adaptación significativo.
La modernización judicial, al igual que la bancaria, parece inevitable pero requiere no solo de buenos diseños sobre el papel, sino también de una implementación cuidadosa y de los recursos adecuados para evitar que las buenas intenciones se traduzcan en nuevos problemas.
